LA HIPOCRESIA DEL NEOLIBERALISMO

Carmelo Ruiz Marrero / febrero de 1999

La flexibilidad del discurso neoliberal es asombrosa. “Cero estado interventor”, gritan a coro los voceros de esta nueva modalidad del capitalismo. Las leyes que protegen el trabajador, el consumidor y el medio ambiente deben ser abolidas porque, aunque tengan buenas intenciones, hacen más daño que bien, nos dicen ellos. ¿Porqué? Porque los gobiernos están sujetos a presiones políticas (¡Horror!) y en el mundo turbulento e irracional de la política, lo conveniente se impone sobre lo correcto.

Nos dicen que cuando las barreras al comercio sean eliminadas, la libre empresa, apolítica y eficiente por naturaleza, pondrá su magia a trabajar y vendrá una bonanza económica global sin precedentes.

Ideólogos aquí y en el extranjero, como Aníbal Irizarry y el dúo Vargas Llosa (Mario y Alvaro), se quejan todo el tiempo de que los gobiernos interfieren constantemente en la vida económica de las naciones y que entorpecen la labor de la muy celebrada empresa privada con sus regulaciones contradictorias e incomprensibles y con sus onerosos impuestos.

Como dice James Bovard, portavoz de la organización derechista Competitive Enterprise Institute, “El problema más grande que enfrentan los países en desarrollo, al igual que muchos países desarrollados, es que los gobiernos tienen demasiado poder sobre sus ciudadanos.”

Pero los “ciudadanos” a los que Bovard se refiere no son los que viven en las favelas de Sao Paulo o los arrabales de Cataño o Loíza; ni se refiere a pueblos indígenas amenazados por el mal llamado “progreso”. Los “ciudadanos” de Bovard son los empresarios y magnates cuyas vastas ganancias fueron un tanto reducidas por regulaciones gubernamentales, muchas de ellas instituidas para atenuar el desmadre social y ecológico causado por el capitalismo.

El que el gobierno no debe interferir en la labor de la empresa privada es tomado como un artículo religioso por los neoliberales. Pero esta ideología no ve nada malo cuando las empresas se entrometen en el funcionamiento del estado y estorban los procesos democráticos.

A menudo esta influencia se ejerce a billetazo limpio, como cuando las corporaciones dan dinero a las campañas electorales en Estados Unidos. Los cabilderos e intermediarios que se benefician de este sistema de soborno legalizado argumentan que esto no tiene nada de malo. Pero los hechos dicen otra cosa.

Tomemos, por ejemplo, el tema del medio ambiente:

* La compañía petrolera ARCO dio $862,000 a candidatos del Partido Republicano en las elecciones de 1988. “La administración Bush devolvió el favor insertando en la ley federal de aire limpio (Clean Air Act) una cláusula que favorece una gasolina reformulada hecha por ARCO”, según David Levy, profesor de la Universidad de Massachusetts.

El presidente Bush también hizo gestiones para hacer posible la explotación de yacimientos de petróleo en el refugio ártico de vida silvestre en Alaska. ARCO era precisamente el segundo exportador de petróleo crudo de Alaska.

*En 1990 la DuPont gastó $379,998 en California para derrotar en un referéndum estatal la propuesta conocida como “Big Green”. De haber sido aprobada, esta hubiera puesto en pie medidas concretas para combatir la contaminación.

* Las organizaciones activistas Essential Information (www.essential.org/EI.html) y Alliance to Save Energy (www.ase.org/) investigaron la relación entre las donaciones a las campañas políticas de las elecciones generales de 1992 y los subsidios federales a industrias contaminadoras y encontraron lo siguiente:

Petróleo: $23 millones en donaciones, $8,800 millones en subsidios. Minería: $1 millón en donaciones, $2 mil millones en subsidios.

Carbón: $960,000 en donaciones, $8 mil millones en subsidios.

Gas natural: $2.6 millones en donaciones, $4.3 mil millones en subsidios.

Recogido de basura: $2.7 millones en donaciones, $300 millones en subsidios.

No hay manera de creer que las donaciones financieras de las grandes empresas tengan una influencia positiva sobre la toma de decisiones sobre asuntos ambientales en Wáshington. Después de las elecciones de 1992, el Council on Economic Priorities, grupo activista basado en Nueva York, estudió la relación entre las donaciones a las campañas electorales y la legislación ambiental y determinó que 75% de las compañías que investigaron dieron dinero a congresistas con historial de enemigos del ambiente.

Los neoliberales siempre asocian el sector estatal con la corrupción.

“El mejor remedio para la corrupción gubernamental es la privatización”, nos dicen los demagogos. Pero lo cierto es que las grandes transnacionales han sido históricamente causantes de la corrupción política:

* En los 70 un comité investigador del senado de Estados Unidos descubrió que la corporación aeroespacial Lockheed pagó decenas de millones de dólares a oficiales del gobierno de Arabia Saudita para asegurar sus ventas a ese país; pagó $7 millones a Yoshio Kodama, criminal de guerra, patriarca de la mafia japonesa y militante neofascista; y pasó dinero debajo de la mesa al príncipe Bernhard de Holanda.

* En marzo de 1975 la Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a la petrolera Gulf y su cabildero en Wáshington de falsificar documentos para esconder un fondo secreto usado para sobornar políticos entre 1960 y 1974. Más de la mitad de ese dinero acabó en los bolsillos de figuras políticas estadounidenses.

* Las compañías Northrop y Phillips Petroleum hicieron pagos secretos e ilegales a la campaña de reelección del presidente Nixon en 1972.

* La SEC descubrió en 1975 que la United Brands (que antes era United Fruit) había sobornado a un oficial hondureño con $1.25 millones para que su gobierno bajara el impuesto de exportación de guineos.

* En los 60 y 70, Exxon y Mobil dieron millones de dólares en secreto a partidos políticos italianos.

* Para 1976 más de cien corporaciones estadounidenses habían admitido haber sobornado oficiales públicos, como parte de un programa de amnistía de la SEC y el congreso. Sin embargo, este programa mantuvo secreta la información más importante: quién le pagó cuanto a quién.